El Comité Internacional para la Investigación de la Tortura en Belarús presentó su quinto informe
Iniciativa Legal ha publicado el quinto informe intermedio del Comité Internacional para la Investigación de la Tortura en Belarús. El Comité incluye 11 organizaciones belarusas, rusas y ucranianas, así como la Organización Mundial contra la Tortura.
La principal conclusión del informe: los crímenes identificados son crímenes de lesa humanidad que se consideran crímenes según el derecho internacional y por los que los autores deben ser castigados.
«La magnitud de la violencia aplicada, violación de los derechos de los ciudadanos, persecución de personas físicas y jurídicas contra la humanidad, en 2020 y hasta ahora, no tiene análogos en la historia de la Belarús contemporánea», escribe el Comité. «El carácter organizado de las acciones se confirma por el hecho de que las autoridades oficiales repiten metódicamente el mismo patrón de conducta delictiva, desde el inicio de la campaña electoral hasta la actualidad».
Desde el mayo de 2020, al menos 35 mil personas en Belarús han sido condenadas por motivos políticos, se han abierto más de 4 600 causas penales políticas y más de 630 personas han sido reconocidas como presos políticos.
Al menos 115 organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación han sido liquidados o se encuentran en proceso de liquidación por razones políticas.
Los investigadores consideran la migración forzada y la expulsión forzosa de Belarús (por ejemplo, de Sviatlana Tsikhanouskaya, Ivan Krautsou y Anton Radniankou) un desplazamiento forzado en ausencia de una «elección real», que también puede calificarse como crimen de lesa humanidad.
Los investigadores también citan ejemplos de tortura masiva (alrededor de 1 500 de estas torturas ya han sido documentadas) y condiciones inhumanas de estancia en los lugares de detención, ejemplos de violencia sexual contra los detenidos. Al mismo tiempo, hasta el momento el Comité de Investigación [de Belarús] no ha abierto ninguna causa penal por el hecho de la tortura.
Para aumentar la presión sobre la disidencia, las autoridades han modificado las leyes actuales. Así, fue endurecido el castigo por la participación en eventos masivos no autorizados. A los agentes del orden se les ha otorgado el derecho a usar armas, fuerza física, equipamiento militar y especial «en la lucha contra los disturbios masivos». Y no se responsabilizan por el uso de estos medios. También aparecieron innovaciones en los documentos referentes a los medios de comunicación y abogacía, incluyendo la definición de la actividad extremista.
Según el Comité Internacional para la Investigación de la Tortura en Belarús, 19 abogados perdieron sus licencias durante el año pasado. Todos ellos eran defensores en casos políticos o se habían pronunciado públicamente sobre violaciones de la ley.